El experto en Criminología y colaborador del Máster Universitario en ‘Criminología: delincuencia y victimología’ de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Christian Moreno, ha alertado del incremento de la demanda de detectives privados para casos relacionados con demandas familiares y delitos informáticos.
De esta manera, ha explicado que la “extraña” regulación de la custodia compartida y la incertidumbre que la rodea sobre la competencia autonómica o estatal, ha provocado un incremento en los encargos para realizar investigaciones en el terreno familiar. Además, en ocasiones existen también otros problemas porque “no son los padres los que disfrutan esa custodia compartida sino familiares como abuelos o tíos”, ha matizado.
En este terreno, Moreno señala que los temas relacionados con pensiones alimenticias o compensatorias están “cada vez más” en las agendas de los detectives privados, ya que se dan casos de exparejas que trabajan sin declarar o que conviven con una nueva en el domicilio familiar destinado a los hijos.
DELITOS INFORMÁTICOS Y EMPRESARIALES
El experto de la VIU ha afirmado que, en el mismo nivel que las investigaciones familiares se sitúan los delitos informáticos, una demanda que “no deja de aumentar” ya sea por una intromisión proveniente de Internet, o bien, de algún trabajador de la empresa. En este caso “es común una fuga de información desde dentro hacia la competencia, o de algún miembro que deja la sociedad para montar su propio negocio con la información de su ex compañía”. Para estas situaciones se aplica la informática forense, un sector donde la demanda “va a seguir creciendo en los próximos años”.
Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2015, los delitos informáticos pasaron de 49.935 en 2014 a 60.154 en 2015. Cabe destacar los delitos de acceso e interceptación ilícita que pasaron de 1.851 a 2.386, los de fraude informático variaron de 32.842 a 40.864, los de interferencia de datos en el sistema de 440 a 900 o los de falsificación informática que pasaron de los 1.874 a 2.361 en ese mismo periodo.
En este campo el detective tiene tres funciones: una preventiva, para evitar sustos y asegurar el control de la información más confidencial y vulnerable; una función de detección para poder investigar cómo y quién hay detrás de un ataque cibernético o una fuga de información; y una tercera función ligada a proporcionar y presentar pruebas de los hechos delictivos delante de un tribunal.
Estas tres demandas en “alza” se suman a los servicios relacionados con los delitos empresariales, una sección que ha aumentado como consecuencia de la coyuntura económica y donde destacan los encargos de investigación de solvencia y localización de deudores, bajas fingidas, fraudes a compañías aseguradoras y mutuas o investigación de competencias desleales entre otras.