Para Javier Hidalgo, detective privado con más de veinticuatro años de investigaciones a cuestas, su profesión está “del lado de los buenos”, por más que el “desconocimiento entre la sociedad” y las declaraciones “oportunistas” de algunos políticos hayan cuestionado su utilidad y, sobre todo, sus límites. En su mente está la polémica por el informe —finalmente retirado por el abogado que lo propuso como prueba— sobre la actividad en redes sociales de la joven presuntamente violada por cinco hombres durante las fiestas de San Fermín.
“Esto hace daño a la profesión”, reconoce Hidalgo, porque se genera una “desconfianza” en la sociedad, aunque “comprensible” debido a la desinformación sobre la “férrea” legislación a la que se somete al colectivo de detectives privados en España. La situación de estos trabajadores, que han aprendido a convivir bajo el foco, y las últimas polémicas judiciales, llegaron incluso a centrar el debate esta semana del Senado, donde Podemos presentó una moción para impulsar al Gobierno a que ponga coto a la investigación privada. “No somos un bulto sospechoso o unos personajes incómodos, somos un recurso útil, legal, que ofrece todas las garantías y, en ningún caso, enemigos de las personas a las que investigamos”, defiende Hidalgo. También lamenta que el contenido de estos informes elaborados por detectives hayan visto la luz, porque “debería ser secreto, que se quedase en la privacidad de un proceso”, si bien recuerda que “todo lo que no interesa a un detective, va al cajón del olvido y nadie se entera”.