
“Esto hace daño a la profesión”, reconoce Hidalgo, porque se genera una “desconfianza” en la sociedad, aunque “comprensible” debido a la desinformación sobre la “férrea” legislación a la que se somete al colectivo de detectives privados en España. La situación de estos trabajadores, que han aprendido a convivir bajo el foco, y las últimas polémicas judiciales, llegaron incluso a centrar el debate esta semana del Senado, donde Podemos presentó una moción para impulsar al Gobierno a que ponga coto a la investigación privada. “No somos un bulto sospechoso o unos personajes incómodos, somos un recurso útil, legal, que ofrece todas las garantías y, en ningún caso, enemigos de las personas a las que investigamos”, defiende Hidalgo. También lamenta que el contenido de estos informes elaborados por detectives hayan visto la luz, porque “debería ser secreto, que se quedase en la privacidad de un proceso”, si bien recuerda que “todo lo que no interesa a un detective, va al cajón del olvido y nadie se entera”.