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“Hay gran cantidad de ciudadanos en situaciones injustas por no saber que un detective podría haberle ayudado”

Enrique Arranz, Presidente del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya: “Hay gran cantidad de ciudadanos en situaciones injustas por no saber que un detective podría haberle ayudado”.

La figura del detective privado se corresponde con un profesional de la investigación, formado y especializado, que debe cumplir unos requerimientos legales y que debe operar siempre dentro del marco legal, que no puede aceptar cualquier caso y que no debe usar medios ilícitos.

Sobre la figura del detective privado, los servicios que presta y la importancia de fomentar su papel en nuestra sociedad hablamos con Enrique Arranz, Presidente del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya
1. ¿Qué competencias profesionales y personales consideras que debe reunir un detective privado?

Desde un punto de vista legal se requiere:

Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea
Estar en posesión de un título universitario de Investigación Privada
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
Además de no haber sido sancionado en materia de seguridad privada.

Además y ya a título personal, considero que debe tener vocación de servicio a las personas, capacidad analítica, visión estratégica y mucha intuición.

Son básicos la ética, la discreción, la confidencialidad, la profesionalidad, la integridad, la responsabilidad y la eficiencia.

Es importante tener claro que el detective que ejerce debe tener su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) y estar dado de alta en su actividad en el organismo de control correspondiente.

¿Por qué debemos fomentar el papel de los detectives privados en nuestra sociedad?

En la mayor parte de ámbitos judiciales la carga de la prueba es básica para defender los derechos de los ciudadanos y en este país, la obtención de información y pruebas solamente pueden realizarla los detectives privados de forma exclusiva por Ley. Son muchos los ciudadanos que por no obtener pruebas pierden la posibilidad de ejercer sus derechos y precisamente los detectives estamos para garantizarlos.

Por otra parte, además de la ayuda a los ciudadanos, prestamos servicios a empresas, grandes corporaciones, bancos, sector asegurador, etc. La realidad es que en todos los ámbitos es necesaria la participación del detective y es importante que exista difusión de todo aquello que un detective puede hacer en beneficio de la sociedad de forma global.

Si tuviera que resumirlo en una frase: Hay gran cantidad de ciudadanos en situaciones injustas por no saber que un detective podría haberle ayudado.

3. ¿Qué tipo de servicios profesionales presta un detective privado?

En el siguiente link puede ver una enumeración de los servicios que suelen prestar los detectives privados, que no son pocos.

Hoy en día la cantidad de servicios ofrecidos es amplia y variada. Son servicios habituales investigaciones relacionadas con:

Modificación de medidas en convenios reguladores
Situaciones de baja fingida
Casos de competencia desleal y fugas de información
Defensa de marca y propiedad intelectual
Asuntos relacionados con arrendamientos urbanos y incumplimientos de contratos
Ciberinvestigación
Fraude
Etc.

4. El Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya cuenta con más de 400 profesionales, ¿qué servicios ofrece el Colegio a sus colegiados?

Cuando un Detective Privado se colegia entra a formar parte de un colectivo, hecho que da garantías tanto al detective como a quienes piden sus servicios.

Básicamente las funciones del Colegio son:

Asesorar a sus colegiados en ámbitos jurídicos amplios
Disponer de una Comisión de Deontología para velar por la buena praxis de los colegiados.

Perseguir el intrusismo profesional
Asesorar a ciudadanos que requieren servicios de detectives y necesitan conocer la profesión.

Ofrecer servicios de formación para que la profesión siempre esté actualizada
El Colegio negocia para el colectivo opciones beneficiosas con empresas que le pueden facilitar su trabajo.

Dispone de una intranet con servicios exclusivos para colegiados
Realizamos un congreso anual para el intercambio de conocimiento entre profesionales

Mantenemos relaciones institucionales con otros colectivos para conseguir retroalimentación entre todos.

Las tecnologías y los nuevos casos favorecen el auge de los detectives

Los detectives privados conforman una profesión en crecimiento que, aunque peligrosa, atrae a muchos jóvenes. Su labor ha cambiado en los últimos años con la llegada de las nuevas tecnologías. En un principio se centraban principalmente en temas familiares o de pareja, como infidelidades o custodias de menores de edad. A día de hoy se ha profesionalizado mucho: «No ha crecido, sino que ha cambiado la tipología de las investigaciones». Se enfocan en temas mercantiles relacionados con la propiedad intelectual o la competencia desleal, así como laborales centradas especialmente en las bajas fraudulentas. En los últimos años las contrataciones se decantan hacia las nuevas tecnologías. También existen algunas divisiones dentro de los despachos que se enfocan a temas concretos como puede ser el fraude agrícola.

Lo que más contratan los clientes es la comprobación de las lesiones causadas por un accidente de tráfico, así como bajas laborales fraudulentas. Existe un crecimiento de las investigaciones relacionadas con patentes y marcas debido al tejido industrial y empresarial. Quien más solicita estos servicios son grandes empresas, aseguradoras y mutuas. Por su parte, los investigados no siempre son particulares, sino también las propias entidades. Son habituales los estudios mercantiles para comprobar el patrimonio real de una compañía o informes de solvencia. Sin adentrarse en los delitos públicos, sí que corroboran la responsabilidad civil derivada de los mismos. Ellos se encargan de determinar la posible indemnización que existe en robos, accidentes de tráfico o atropellos de peatones.

Tras haber investigado a alguien, el detective debe acudir al juzgado para presentar las pruebas y allí «les ven la cara». Además, durante la vista se les llama por su nombre y no por su número de identificación fiscal, ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil aún no recoge este cambio. «Hay compañeros que incluso tienen que ir disfrazados a juicio para no ser reconocidos».

El desarrollo de esta profesión también interfiere mucho en su vida privada y familiar: «Tenemos que viajar mucho, hacer servicios de noche y los seguimientos duran desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde». Pese a ello consideran que es un trabajo ágil y dinámico, especialmente para los jóvenes, que suelen tener menos inconvenientes a la hora de desplazarse cada día a un sitio diferente o cumplir con ciertos horarios.

Los principales problemas actuales de la profesión son la falta de unificación y el intrusismo. Por un lado existen varias leyes autonómicas que regulan de forma diferente el trabajo en cada lugar del país. No existe un colegio profesional o una asociación única que aúne a todos los detectives de España. Por tanto no se defienden los intereses del colectivo y, según explican, el nuevo reglamento de seguridad «será un caos que provoque el cierre de muchos despachos» por los nuevos requisitos que se les exigirán.

Junto a este se presentan los falsos detectives que operan sin licencia ni estudios: «Actúan sin apenas equipo técnico y a cambio de unas tarifas mínimas. La Policía toma medidas contra ellos, pero las sanciones que reciben son muy pequeñas». En grandes ciudades existe un problema añadido: la restricción de uso de vehículos privados en ciertas zonas. Los despachos de detectives ya negocian con los ayuntamientos para que se les permita operar a pesar de estas normativas. De no ser así, aseguran que perderían dinero en muchos de sus servicios.

El panorama ha cambiado mucho: «A nivel nacional, el sector antes lo copaban cinco o seis empresas dirigidas por personas que llevaban bastantes años en esta profesión. Pero hoy en día ha crecido la competencia y hay 700 u 800 detectives muy jóvenes por todo el país». Explican que esto se debe al reciente impulso que ha tenido esta profesión entre los estudiantes de comunidades como Castilla y León o Madrid. Muchas universidades crearon hace unos años grados de criminología que tuvieron mucho éxito en sus inscripciones.

Un aspecto importante de esta profesión es el relativo a su campo de acción. Únicamente pueden investigar cuestiones privadas. De los delitos públicos solo las injurias y calumnias se encuentran a su alcance, el resto corresponde a competencias de Policía y Guardia Civil. Por ello, no existe como tal una colaboración directa entre cuerpos de seguridad y detectives. Sin embargo, sí que cuentan con su ayuda en caso de requerir la obtención de ciertas informaciones como pueden ser los atestados de accidentes de tráfico. También, el propio detective debe contactar con la policía en caso de observar cualquier delito durante el desarrollo de su actividad.

Además, para contratar sus servicios debe haber un interés jurídico. Tiene que existir una relación jurídica con el investigado, ya sea familiar, contractual o de otro tipo. En el comienzo de cada servicio se firma un contrato y se crea un registro de actividad que se traslada posteriormente a la policía. También se debe comprobar, en caso de ser un tema familiar o de pareja, la inexistencia de denuncias por malos tratos. La policía será en ese caso quien permita o no que se inicie el proceso.

Los detectives pueden investigar en cualquier lugar, ya sea público o privado, salvo el domicilio del particular. Tampoco pueden tomar la imagen de menores de edad salvo previa autorización de los padres o si se trata de una información relevante y necesaria para el juicio. Es habitual que, debido a su trabajo, sufran denuncias por parte de las personas investigadas cuando se dan cuenta de que son vigiladas. Sin embargo, Policía y Guardia Civil cuentan en sus bases de datos con las matrículas de los vehículos de los detectives del mismo modo que pueden conocer las investigaciones que se llevan a cabo. Además, al operar con una licencia emitida por el Ministerio del Interior no pueden sufrir denuncias ya que cuentan con su autorización.

En el desarrollo de la investigación emplean vehículos preparados para poder pasar desapercibidos e incorporan cámaras ocultas tanto en el propio automóvil como en el cuerpo del detective. También disponen de material auxiliar como cámaras de mano o grabadoras de voz. En algunos recintos como restaurantes recurren a instalaciones fijas para grabar robos o vigilar el correcto trabajo de los empleados de una empresa. Internet ha colaborado igualmente a facilitar su labor de obtención de información. Existen aplicaciones y programas que rastrean todos los datos disponibles en la web sobre la persona investigada. Aseguran que en muchos casos es un error compartir demasiados contenidos personales a través de las redes sociales. Los detectives siempre deben aportar al cliente un informe pericial que este debe entregar al juzgado. En él se recoge toda actividad realizada por los investigadores. Además, están obligados a personarse en los juicios el día de la vista para responder a las preguntas de jueces, fiscales y abogados de ambas partes. Allí ratifican la elaboración de este informe y presentan un vídeo con un resumen de todo lo grabado que actúa como prueba en el proceso.

Los despachos no suelen ser muy grandes y suelen operar como autónomos o sociedades limitadas unipersonales. En ciudades más pequeñas no hay un volumen suficiente de trabajo que permita que actúen muchos profesionales.

Para acceder a esta profesión existen dos vías. Puede obtenerse el título propio tras tres años de estudio en una universidad o bien cursar el grado en Criminología que suele permitir la obtención de la licencia de detective. En un futuro existe la posibilidad de que se cree un grado específico de Seguridad Privada. En cuanto a la obtención de la licencia, existe un «férreo control para proteger los derechos fundamentales de los objetivos». Se debe estar dado de alta en la Seguridad Social, presentar un seguro de responsabilidad civil y de caución y cumplir con el Reglamento de Seguridad Privada cuyo borrador está próximo a publicarse.

Detective privado, una profesión bajo sospecha y que carece de regulación propia

Para Javier Hidalgo, detective privado con más de veinticuatro años de investigaciones a cuestas, su profesión está “del lado de los buenos”, por más que el “desconocimiento entre la sociedad” y las declaraciones “oportunistas” de algunos políticos hayan cuestionado su utilidad y, sobre todo, sus límites. En su mente está la polémica por el informe —finalmente retirado por el abogado que lo propuso como prueba— sobre la actividad en redes sociales de la joven presuntamente violada por cinco hombres durante las fiestas de San Fermín.

“Esto hace daño a la profesión”, reconoce Hidalgo, porque se genera una “desconfianza” en la sociedad, aunque “comprensible” debido a la desinformación sobre la “férrea” legislación a la que se somete al colectivo de detectives privados en España. La situación de estos trabajadores, que han aprendido a convivir bajo el foco, y las últimas polémicas judiciales, llegaron incluso a centrar el debate esta semana del Senado, donde Podemos presentó una moción para impulsar al Gobierno a que ponga coto a la investigación privada. “No somos un bulto sospechoso o unos personajes incómodos, somos un recurso útil, legal, que ofrece todas las garantías y, en ningún caso, enemigos de las personas a las que investigamos”, defiende Hidalgo. También lamenta que el contenido de estos informes elaborados por detectives hayan visto la luz, porque “debería ser secreto, que se quedase en la privacidad de un proceso”, si bien recuerda que “todo lo que no interesa a un detective, va al cajón del olvido y nadie se entera”.

Aumenta la demanda de detectives privados en casos de custodia compartida, pensión compensatoria y delitos informáticos

El experto en Criminología y colaborador del Máster Universitario en ‘Criminología: delincuencia y victimología’ de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Christian Moreno, ha alertado del incremento de la demanda de detectives privados para casos relacionados con demandas familiares y delitos informáticos.

De esta manera, ha explicado que la “extraña” regulación de la custodia compartida y la incertidumbre que la rodea sobre la competencia autonómica o estatal, ha provocado un incremento en los encargos para realizar investigaciones en el terreno familiar. Además, en ocasiones existen también otros problemas porque “no son los padres los que disfrutan esa custodia compartida sino familiares como abuelos o tíos”, ha matizado.

En este terreno, Moreno señala que los temas relacionados con pensiones alimenticias o compensatorias están “cada vez más” en las agendas de los detectives privados, ya que se dan casos de exparejas que trabajan sin declarar o que conviven con una nueva en el domicilio familiar destinado a los hijos.

DELITOS INFORMÁTICOS Y EMPRESARIALES

El experto de la VIU ha afirmado que, en el mismo nivel que las investigaciones familiares se sitúan los delitos informáticos, una demanda que “no deja de aumentar” ya sea por una intromisión proveniente de Internet, o bien, de algún trabajador de la empresa. En este caso “es común una fuga de información desde dentro hacia la competencia, o de algún miembro que deja la sociedad para montar su propio negocio con la información de su ex compañía”. Para estas situaciones se aplica la informática forense, un sector donde la demanda “va a seguir creciendo en los próximos años”.

Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2015, los delitos informáticos pasaron de 49.935 en 2014 a 60.154 en 2015. Cabe destacar los delitos de acceso e interceptación ilícita que pasaron de 1.851 a 2.386, los de fraude informático variaron de 32.842 a 40.864, los de interferencia de datos en el sistema de 440 a 900 o los de falsificación informática que pasaron de los 1.874 a 2.361 en ese mismo periodo.

En este campo el detective tiene tres funciones: una preventiva, para evitar sustos y asegurar el control de la información más confidencial y vulnerable; una función de detección para poder investigar cómo y quién hay detrás de un ataque cibernético o una fuga de información; y una tercera función ligada a proporcionar y presentar pruebas de los hechos delictivos delante de un tribunal.

Estas tres demandas en “alza” se suman a los servicios relacionados con los delitos empresariales, una sección que ha aumentado como consecuencia de la coyuntura económica y donde destacan los encargos de investigación de solvencia y localización de deudores, bajas fingidas, fraudes a compañías aseguradoras y mutuas o investigación de competencias desleales entre otras.

¿Existe la “Alerta Amber” en España?

‘Alerta Amber. Huida hacia la vida’ es una película de 2017 que narra la desaparición de una madre con sus dos hijos menores de edad; ‘Amber Alert‘, traducida al castellano como ‘La negociadora’, es otra cinta de 2016 producida para televisión que cuenta el trabajo de una detective que se embarca en un caso de niños secuestrados. En 2008, Canadá produjo ‘Horas desesperadas’, la historia de un expresidiario que secuestra a dos adolescentes y huye en un coche robado. En todas estas películas se activa, como se hace en multitud de capítulos de series como ‘CSI‘, ‘Mentes criminales’ o ‘Sin rastro’, la Alerta AMBER cuando un menor de edad desaparece. Pero más allá de las pantallas, es una medida que se toma con relativa frecuencia, aunque no en España.

La alerta AMBER nació de la desaparición de una pequeña de nueve años, Amber Hagerman, secuestrada en 1996 en el estado estadounidense de Texas: su cuerpo sin vida apareció días después y jamás se encontró a su asesino. A raíz de esta situación, las autoridades estatales comenzaron a desarrollar un sistema de alerta temprana para ayudar a encontrar a niños secuestrados. Se le puso el nombre de Amber, con las siglas de American’s Missing: Broadcast Emergency Response (Despariciones de América: Transmisión de Respuesta de Emergencia). Primero fue una herramienta localizada en el estado, pero luego se extendió al resto del país y a otras zonas de la región: México dispone también de una herramienta para la búsqueda y localización temprana de niñas, niños y adolescentes no localizados.

Según el departamento de Justicia estadounidense, la Alerta AMBER ha resultado “muy eficaz”: entre 2002 y 2010 fueron rescatados gracias a este sistema 495 menores. Estas alertas interrumpen la programación regular y a través de ella se anuncian, por radio, televisión y rótulos electrónicos en las carreteras, todas las sustracciones de menores que cumplen una serie de criterios. También se envían a través del teléfono e Internet. ¿Existe un tipo de herramienta similar en España?

Lo cierto es que en 2014 el Ministerio de Interior creó un sistema similar, denominado Alerta – Menor Desaparecido, para la emisión de alertas y avisos solicitando a la población su colaboración en determinados casos de desapariciones de menores. En virtud de una instrucción emitida desde la Secretaría de Estado de Seguridad en julio de ese año, este tipo de alertas se elaboran desde la Unidad Central de Policía Judicial y deben incluir el canal para recibir información —correo electrónico, teléfono…—, además de los datos reseñables del menor para su localización —día, lugar y hora de la desaparición del menor, nombre, edad, sexo, fotografía, descripción física, descripción de la ropa que llevaba en el momento de la desaparición y, en caso de que se haya utilizado un vehículo, su marca, modelo, color y matrícula—.

¿Qué criterios debe cumplir una desaparición para emitir alerta?

En Estados Unidos, para emitir una Alerta AMBER tienen que darse una serie de criterios: que una agencia oficial confirme que haya habido una sustracción de un menor, que éste esté en riesgo de muerte o de sufrir un grave daño físico, que haya “suficiente información descriptiva del niño, del captor o del vehículo utilizado en la sustracción”, que sea menor de 17 años y, como recomendación, que el incidente se incluya de forma inmediata en la base de datos del Centro Nacional de Incidentes Criminales del FBI.

Para solicitar que se emita una Alerta – Menor Desaparecido en España también existen unas condiciones —muy similares a las de la Alerta AMBER—, que deben cumplirse irremediablemente:

Que el desaparecido sea menor de 18 años
Que la desaparición haya sido ratificada como de alto riesgo
Que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso
Que la Policía presuma que el desaparecido está en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad física y que la emisión de dicha alerta no presuponga un perjuicio añadido al desaparecido
Que existan datos suficientes para describir al desaparecido y que la petición de colaboración pueda dar resultados positivos
Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad

Menores en la red

Cada vez nos mostramos más preocupados por la información que comparten nuestros adolescentes en las redes sociales y en diferentes aplicaciones de mensajería, pero no solemos pararnos a pensar que quizás estos chicos/as están repitiendo el patrón de lo que han visto hacer a sus padres. La identidad digital de gran parte de los menores nace incluso antes que ellos mismos.

En las redes sociales, es habitual ver publicaciones de padres orgullosos e ilusionados que, sin pensarlo, publican la primera ecografía y la comparten con todos sus “followers”, empezando a acumular “likes”. Tras esta primera publicación, le sigue otras sobre su nacimiento, su primer regalo, sus primeros pasos…hasta que el pequeño tiene edad suficiente para opinar al respecto. Cuando esta práctica llega a ser habitual, hablamos de “OVERSHARENTING” (padres que sobre-comparten), es decir, sobreexponen a los/as hijos/as en internet. En este sentido, el pasado mes de septiembre se conoció el primer caso de denuncia por este motivo en Austria: una chica de 18 años denunció a sus padres por publicar en Facebook fotografías suyas a lo largo de toda su infancia.

Según un estudio realizado en Gran Bretaña, las redes sociales en las que más fotografías de menores se publican son Facebook, con un 54 % del total que se publica, Instagram, con un 16%, Twitter, un 12 % y otras como Youtube o Snapchat con un 12 %. En estas redes es donde se va creando una identidad digital del menor que ya queda registrada en Internet desde un primer momento y que, por mucho que la red social se haga privada, una vez que el contenido es digital, puede ser fácilmente distribuido. Incluso cuando usamos a los menores en las fotos de perfil de WhatsApp no se es consciente de que cualquiera que tenga nuestro número de teléfono se la pueden descargar y difundir.

¿Pensamos en los riesgos? Éstos pueden ir desde la inocente vergüenza que puede sentir el menor, sobre todo entre sus 11 y 16 años, al considerar embarazosa o excesivamente personal alguna información que sus padres han compartido en la red, el ciberacoso (hay grupos de Facebook dedicado al “escarnio de bebés feos”) o secuestro digitales (robo de fotografías para hacerlos pasar por hijos/as de otras personas) hasta redes de pedofilia.

Para evitar algunas de estas consecuencias, es importante evitar que se puedan identificar lugares a los que acuden rutinariamente estos menores. Si no pones la dirección de tu domicilio en tu perfil de Facebook, ¿por qué publicas una fotografía de tu hijo/a frente a la puerta de su escuela o club deportivo y vistiendo el uniforme con el escudo del centro?

Deben evitarse también imágenes en las que el menor sale desnudo o en situaciones íntimas (como pueda ser cualquier actividad que se efectúe en el baño), así como imágenes en las que el/la niño/a pueda sentirse ridiculizado y puedan ser motivo de burla entre sus compañeros del colegio. Y sobre todo, siempre, proteger, restringir y controlar la privacidad de la información que colgamos en las redes sociales para que tengan acceso únicamente personas de nuestro entorno más cercano.

Pedagogos recomiendan que realicemos esta actividad de manera consensuada con el menor para que el/la niño/a reciba una educación digital y aprenda a usar estas redes de manera responsable y con respeto, tanto para la información que comparta de su vida, como para las publicaciones que pueda ver de otros niños/as.

El compartir información de menores en la red puede traer problemas y no siempre ser causados por desconocidos. En los últimos años, esta información ha servido para acompañar demandas en las que se decide sobre la custodia de un menor para tratar de obtener ventaja en una sentencia favorable.

Sin alarmismos ni paranoias, pero priorizando siempre la protección del menor y con sentido común, prudencia y conocimiento para evitar situaciones desagradables tanto en la creación de la identidad digital del menor y el buen desarrollo de sus herramientas emocionales como para manejar su reputación en la red, como para evitar casos de cyberbulling o incluso situaciones más graves.

Desde la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP) recomendamos a los padres que tengan especial cuidado con las imágenes que comparten sus hijos en las redes sociales, o bien las que ellos mismos comparten. Nunca se sabe que usos se puede dar de las mismas.